El senador Fabián Díaz Plata, del Partido Alianza Verde, enfrenta una demanda interpuesta por la firma de abogados Hollman Ibáñez. Según la denuncia, Díaz habría utilizado bienes, recursos y personal de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso para emprender acciones legales en contra de ciertos funcionarios de elección popular, entre ellos el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ambos críticos de la administración de Gustavo Petro.
La demanda sostiene que el senador ha destinado recursos públicos del Congreso para financiar procesos legales contra estos líderes políticos de derecha, lo cual constituye el núcleo de las acusaciones. Según la firma de abogados, las UTL del congresista han sido empleadas para preparar documentación legal y financiar los costos de abogados, incurriendo en un posible uso indebido de recursos estatales.
Fabián Díaz, quien inició su carrera política en 2018 como representante a la Cámara y fue elegido senador en 2022, se ha destacado como defensor de las reformas propuestas por el gobierno de Petro y ha sido un firme aliado de la llamada primera línea durante el estallido social de 2021. Recientemente, ha intensificado sus críticas hacia opositores, enfocándose particularmente en el alcalde Beltrán y el gobernador Díaz Mateus. Estas críticas han trascendido el ámbito discursivo, pasando a ser acciones legales que incluyen acusaciones de doble militancia contra varios de estos líderes.
Alcalde Jaime Andrés Beltrán y La Persecución Petrista
Uno de los casos más notorios es el del alcalde Jaime Andrés Beltrán, quien ha sido señalado de apoyar a candidatos de otros partidos, presuntamente incumpliendo las normas de su partido, Colombia Justa Libres, algo que según el entorno del petrismo justificaría las demandas impulsadas por el senador Díaz.
Fabian Díaz es Demandado Por Hollman Ibáñez
La demanda presentada por Hollman Ibáñez busca la pérdida de investidura de Fabián Díaz, argumentando que su comportamiento contraviene los principios de transparencia y correcto uso de los recursos públicos. El caso subraya el conflicto ideológico que se ha intensificado en Santander, región donde la confrontación entre sectores del petrismo y sus opositores ha cobrado relevancia en el escenario político nacional.
Por otro lado, el proceso judicial contra Beltrán incluye también una tacha de falsedad presentada por la defensa del alcalde, quien cuestiona la autenticidad de ciertos videos que serían prueba de la supuesta doble militancia. El tribunal aceptó analizar la veracidad de estos videos y ha convocado a expertos para que emitan un dictamen en un plazo de diez días hábiles. En la audiencia del 5 de septiembre, el Tribunal rechazó una solicitud del equipo legal de Beltrán para ampliar el tiempo necesario para presentar pruebas periciales, sumando esta decisión a una serie de negativas que han dificultado los esfuerzos de la defensa.
Este caso refleja las crecientes tensiones entre diferentes fuerzas políticas en el país, particularmente en el contexto de las recientes elecciones, y plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos en conflictos partidarios.