El pasado 8 de marzo, fecha emblemática para la reivindicación de los derechos de las mujeres, Bucaramanga se convirtió en escenario de actos vandálicos que empañaron la legítima lucha feminista. Grupos infiltrados, lejos de sumar a la causa, aprovecharon la ocasión para deslegitimar el movimiento con acciones violentas.
Estos individuos, ajenos al espíritu de la jornada, destruyeron mobiliario urbano, realizaron pintadas y sembraron el caos en las calles de la ciudad. Su intención no era apoyar la causa feminista, sino apropiarse de un espacio de lucha que no les pertenece, desviando la atención de las verdaderas demandas y empañando la imagen del movimiento.
El 8 de marzo es una fecha de memoria, de reivindicación y de lucha por los derechos de las mujeres. No es un escenario para egos ni para quienes buscan protagonismo a través de la destrucción. La lucha feminista no necesita de quienes intentan imponer su agenda con violencia, sino de aliados que respeten y fortalezcan su propósito.
En este contexto, surgen señalamientos hacia figuras políticas locales.
Carlos Parra, concejal de Bucaramanga, y el profe Ferley, conocido activista, han sido acusados de promover la activación de la «primera línea» para generar disturbios en la ciudad. Estas acusaciones se basan en antecedentes que vinculan a ambos personajes con actos de vandalismo durante el paro nacional de 2021. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Carlos Parra por presuntamente causar daños a la escultura conocida como «La Gorda de Botero» durante dichas protestas.
La comunidad bumanguesa rechaza contundentemente estas acciones que desvirtúan la esencia de la lucha feminista.
Organizaciones de mujeres y colectivos sociales han expresado su indignación y exigen que se investigue a fondo la participación de estos infiltrados en los actos vandálicos del 8 de marzo. Además, solicitan que las autoridades tomen medidas para garantizar que futuras manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y respetuosa.
Es fundamental que la sociedad distinga entre quienes realmente luchan por la igualdad de género y aquellos que buscan aprovecharse de estas causas para promover agendas violentas. La verdadera lucha feminista se basa en la justicia, la igualdad y el respeto, valores que no pueden ser opacados por actos de vandalismo.
Las autoridades locales tienen la responsabilidad de proteger el derecho a la protesta pacífica y de actuar contra quienes intentan deslegitimar movimientos sociales legítimos. La ciudadanía, por su parte, debe mantenerse alerta y no dejarse engañar por quienes buscan sembrar el caos bajo la máscara de la reivindicación social.
En conclusión, el 8 de marzo en Bucaramanga dejó en evidencia la necesidad de proteger la lucha feminista de infiltrados que buscan desvirtuarla. La comunidad exige justicia y reafirma su compromiso con una sociedad más equitativa, donde las reivindicaciones de las mujeres sean escuchadas y respetadas sin interferencias violentas.
