La contratación de Daniel Felipe Valencia Sarmiento, excolumnista de La Silla Vacía, con un contrato de $49 millones 500 mil pesos en la administración de Juan Carlos Cárdenas cuando era alcalde de Bucaramanga, ha generado una ola de críticas. Su nombramiento se da en el marco de la polémica por la aprobación de varios contratos de prestación de servicios (CPS) con elevados honorarios que, según fuentes, beneficiaron a allegados de Carlos Sotomonte, quien es cercano al ex alcalde Juan Carlos Cárdenas.
Daniel Felipe Valencia Sarmiento, quien desde su tribuna en La Silla Vacía criticaba a Fredy Anaya y Claudia López, recibio los frutos de su apoyo al alcalde Cárdenas. Esta contratación ha sido interpretada por algunos sectores como un pago por favores durante la campaña electoral del 2019, una acusación que elevo las tensiones políticas en Bucaramanga.
Además del contrato de Daniel Felipe Valencia Sarmiento, otros asesores vinculados al círculo de Sotomonte han recibido también contratos con honorarios que alcanzan cifras de hasta 10 millones de pesos mensuales. Esto ha genero preocupación en la ciudadanía y motivo a la Fiscalía y a la Procuraduría a iniciar una auditoría exprés de estos contratos.
La Contraloría de Bucaramanga fue clara en su posición de revisar la idoneidad de cada contratista y los montos de cada contrato, en particular los que, según informes preliminares, parecen responder a intereses políticos. La ex secretaria administrativa de la Alcaldía, Isabel Cristina Rincón, enfrenta cuestionamientos sobre la firma de estos contratos.
Para apaciguar las críticas, el ex alcalde Juan Carlos Cárdenas en su momento optó por suspender temporalmente estos contratos mientras avanza la auditoría. Sin embargo, sectores políticos aseguraron que esto es solo una estrategia para evitar que se encuentren irregularidades. Según fuentes internas, Carlos Sotomonte pretendía reanudar los contratos una vez finalicen las revisiones, lo cual fue asi.
Esta situación despertó cuestionamientos en la ciudadanía y sectores políticos que exigieron claridad sobre los criterios de contratación y los posibles intereses detrás de cada CPS, especialmente cuando los beneficiarios no cumplen con la experiencia y idoneidad requeridas para obtener contratos de tal magnitud, como lo establece el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El comportamiento administrativo de esos contratos continúa a hoy generando indignación, y tanto la Fiscalía como la Procuraduría y el Concejo de Bucaramanga se encuentran bajo presión para investigar lo que podría representar un detrimento al patrimonio público en su momento.
